Europa

Nace una nueva alianza que pide paralizar los macro proyectos renovables por su alto impacto en el territorio

España. 26 de enero 2021. Energías Renovables

La nueva alianza se llama Aliente –Alianza Energía y Territorio– y está integrada por organizaciones y científicos que advierten sobre el riesgo de una transición energética enfocada únicamente en la tecnología, que sature el territorio con proyectos a gran escala. Su propuesta es apostar por la generación renovable distribuida, el ahorro energético y el autoconsumo, para proteger el territorio y la diversidad.

Desde Aliente señalan que varios investigadores españoles han advertido ya de que el desarrollo de renovables a gran escala puede suponer una pérdida de biodiversidad irreversible con unas consecuencias impredecibles y alertan de que España se está llenando de este tipo de macro proyectos.

“La transición energética enfocada únicamente en la tecnología carece de atención hacia el territorio, saturándolo con proyectos a gran escala y líneas de altas tensión que degradan el paisaje y la biodiversidad y genera el ideal de consumo ilimitado”, afirman los integrantes de la nueva organización, que propone, por el contrario, “una transición energética justa, basada en la generación renovable distribuida, el ahorro energético y el autoconsumo, una transición que ponga la defensa del territorio y su biodiversidad en el centro”. 



Para ello, abogan por realizar una adecuada planificación en el desarrollo de las energías renovables, así como mejorar el proceso de evaluación ambiental atendiendo a la evaluación previa que anticipa el impacto real de los proyectos que afecta directamente a los ecosistemas y al territorio. Esto es, que el desarrollo de las renovables se haga “sin realizar presiones sobre el territorio y los seres vivos que lo habitan, además de mejorar, como premisa, la eficiencia energética y la reducción del consumo global”.

“La transición energética debe planearse a partir de las necesidades presentes y futuras de la sociedad, a través de un ambicioso plan orientado a la reducción de las necesidades de la sociedad y a la implementación de prácticas dirigidas a la gestión de la demanda que reduzcan las necesidades netas de potencia de generación y que acerquen las fuentes de producción a las de consumo, evitando el transporte innecesario de energía”, inciden.

Cómo lograr la armonía
Las entidades que integran la alianza proponen una serie de medidas que garanticen la conservación de la biodiversidad en el desarrollo de transición energética. Son las siguientes:

• Aprobación de un plan de áreas de exclusión vinculante que prohíba la construcción de instalaciones de energía renovable a gran escala.
• Paralización temporal de la autorización de nuevas industrias eólicas y fotovoltaicas hasta que se diseñe el plan de áreas de exclusión.
• Elaboración de los correspondientes planes eólicos y fotovoltaicos a nivel autonómico.
• Autorizar exclusivamente 53 GW de los 129 GW con derecho de acceso para la conexión a REE.
• Ampliación de la Red Natura 2000.
• Aprobación urgente de los planes de conservación y gestión de especies en peligro y vulnerables.
• Mejora de los estudios de impacto ambiental, así como de los trabajos de vigilancia ambiental pos operacionales, acorde con el conocimiento científico más actualizado.
• Garantizar la independencia en las fases de la evaluación de impacto ambiental que dependan de los promotores.
• Establecer medidas para evitar el fraccionamiento ilegal de proyectos.
• Aplicación urgente de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental.
• Hacer públicos y poner a disposición de los ciudadanos los datos de mortalidad de aves y mamíferos de las industrias eólicas y fotovoltaicas.
• Transposición completa de las directivas europeas de Energía Limpia, conocidas como “Paquete de Invierno”.

Fuente original: https://www.energias-renovables.com/panorama/nace-una-nueva-alianza-que-pide-paralizar-20210126

POSICIONAMIENTO DE ALIENTE

POR UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA A LAS RENOVABLES QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
ALIANZA ENERGÍA Y TERRITORIO

Por la conservación de la biodiversidad, el paisaje y por el desarrollo de un modelo energético distribuido y justo.
Enero 2021

Nuestras sociedades se enfrentan a una crisis ecosocial global sin precedentes, siendo el cambio climático, el agotamiento de los recursos fósiles y la pérdida de biodiversidad, tres de sus máximos exponentes. Todo ello está llevando a una transición ecológica basada en un intenso despliegue de infraestructuras de fuentes de energías renovables. Sin embargo, se deben tener en cuenta todos los impactos y límites asociados al desarrollo de dichas fuentes. Entre otros condicionantes, y a diferencia de las energías fósiles, las energías renovables requieren de grandes extensiones de terreno, por lo que su desarrollo supone una nueva presión sobre el territorio y los seres vivos que lo habitan. Mantener el actual consumo energético cambiando simplemente fuentes fósiles por renovables implica un mayor impacto ambiental, por lo que lo urgente y verdaderamente inaplazable es la mejora de la eficiencia energética y la reducción del consumo global.

Conviene señalar que el daño al equilibrio y la cohesión del territorio, a la biodiversidad y al desarrollo local sostenible es mayor en las instalaciones renovables centralizadas, mientras que la generación distribuida y las pequeñas instalaciones renovables permiten una mayor compatibilidad con la ordenación del territorio por su proximidad a los centros de consumo.

Es por ello que el desarrollo masivo, sobredimensionado y sin planificar de instalaciones renovables a gran escala bajo un paradigma centralizado, en ausencia de políticas efectivas de ahorro y eficiencia de la energía está suponiendo, entre otros impactos, un grave riesgo para la conservación de la biodiversidad en nuestro territorio, la más rica y singular de toda Europa Occidental, lo que además supone la pérdida de los servicios que la biodiversidad nos brinda, entre ellos la protección de la salud.

A este respecto cabe destacar la llamada de atención realizada por 23 investigadores españoles el pasado 11 de diciembre de 2020 mediante la publicación de una carta en la prestigiosa revista Science. En ella se argumenta cómo el desarrollo de renovables a gran escala (eólica y fotovoltaica), tal y como se viene desarrollando y potenciando en España, puede suponer una pérdida de biodiversidad irreversible con unas consecuencias impredecibles. Ante esta situación, este prestigioso colectivo científico aboga por realizar una adecuada planificación en el desarrollo de las energías renovables, así como mejorar el proceso de evaluación ambiental, ya que su capacidad para anticipar el impacto real de los proyectos ya ha sido cuestionada en numerosas ocasiones.

En este sentido conviene señalar el impacto de los parques eólicos, habitualmente ubicados en áreas montañosas de elevado valor paisajístico y que son causa directa de la mortalidad de miles de aves y quirópteros, lo que pone en riesgo la viabilidad de sus poblaciones. Así mismo, están proliferando grandes industrias fotovoltaicas que requieren de amplias extensiones de áreas de cultivo, pastizales y estepas naturales de gran importancia a nivel productivo y ecológico, tanto por su valor agrícola, como por ser hábitat de aves esteparias cuya situación de conservación es muy preocupante debido a la intensificación agrícola sufrida en las últimas décadas. A todo esto, debemos añadir toda la infraestructura eléctrica accesoria tales como subestaciones, líneas de alta tensión para la evacuación y transporte de la electricidad y demás proyectos de interconexión eléctrica transfronterizos, que reparten impactos sobre el paisaje, las poblaciones y los ecosistemas a lo largo de toda la geografía.

A dichos impactos directos se suman los provocados por la construcción de pistas e infraestructuras para la instalación que aumentan los accesos y las actividades humanas en áreas y hábitats sensibles, afectando especialmente a zonas montañosas y estepas naturales. Se incrementa así la tasa de mortalidad de muchas especies, la merma y fragmentación de los hábitats, la pérdida de suelo y erosión, de cubierta vegetal, la disminución de la retención de agua y el cambio de las condiciones climáticas en el entorno de las instalaciones.

Teniendo en cuenta todos los impactos descritos anteriormente, creemos firmemente que una transición energética debe planearse a partir de las necesidades presentes y futuras de la sociedad, y nunca desde una promoción ilimitada de la oferta renovable, tal y como se está haciendo en la actualidad. Desde este punto de partida, la transición energética debe abordarse a través de un ambicioso plan orientado a la reducción de las necesidades de la sociedad y a la implementación de prácticas dirigidas a la gestión de la demanda que reduzcan las necesidades netas de potencia de generación y que acerquen las fuentes de producción a las de consumo, evitando el transporte innecesario de energía.

Con todo esto, las entidades englobadas en la Alianza Energía y Territorio pedimos a los Gobiernos central y autonómicos la puesta en marcha de una serie de medidas para garantizar la conservación de la biodiversidad durante el desarrollo de la transición energética a las renovables:

  1. Aprobación de un plan de áreas de exclusión vinculante que prohíba la construcción de instalaciones de energía renovable a gran escala. Dentro de las áreas de exclusión se pueden permitir pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria. Esta planificación debe basarse en criterios claros y resultar en una cartografía pormenorizada. Estas áreas de exclusión deben incluir al menos: Este plan de áreas de exclusión debe someterse a exposición pública, permitiendo la participación ciudadana, en el desarrollo definitivo del mismo.
    • a. Espacios declarados Red Natura 2000.
    • b. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (IBA).
    • c. Ámbitos de aplicación de los planes de conservación y gestión de especies amenazadas catalogadas tanto a nivel estatal como autonómico.
    • d. Zonas de Importancia para los Mamíferos (ZIM).
    • e. Espacios Naturales Protegidos, también aquellos que se encuentren en fase de tramitación.
    • f. Reservas de la Biosfera.
    • g. Paisajes sobresalientes incluidos en alguna figura autonómica o estatal y en concordancia con el Convenio Europeo del Paisaje ratificado por el Estado Español (BOE núm.31, de 5 de febrero de 2008).
    • h. Cimas de montaña o áreas elevadas con interés paisajístico y cultural y con potencial como recurso de desarrollo sostenible, a través de turismo de naturaleza para las comunidades locales.
    • i. Todas las áreas reconocidas como de alta sensibilidad en la zonificación ambiental para la instalación de energía renovable diseñada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).
    • j. Todas las áreas importantes para especies catalogadas sensibles a estas infraestructuras identificadas por parte de los técnicos de biodiversidad del MITECO y de las Comunidades Autónomas.
       
  2. Paralización temporal de la autorización de nuevas industrias eólicas y fotovoltaicas hasta que se diseñe el plan de áreas de exclusión referido en el punto 1. El procedimiento para autorización de nuevas instalaciones de generación renovable a gran escala (más de 5 MW) ha de incluir condiciones respecto a la protección de la salud y seguridad públicas, la biodiversidad, el medioambiente y la ordenación del territorio por la ocupación del suelo, acorde con lo exigido por la Directiva (UE) 2019/944 del mercado interior de la electricidad.
  3. Elaboración de los correspondientes Planes eólicos y fotovoltaicos a nivel autonómico con las obligadas restricciones de carácter vinculante y con su preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), realizada por entidades independientes a las empresas promotoras.
     
  4. Se deben autorizar exclusivamente 53 GW de los 129 GW con derecho de acceso para la conexión a REE para cumplir los objetivos de instalación de renovables (eólica y solar fotovoltaica) del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). Estos GW se sumarían a los 36 GW de renovables ya instalados para totalizar los 89 GW que contempla el PNIEC para el horizonte 2030. Esta capacidad de generación es la que evalúa el Estudio de Impacto Ambiental Estratégico (EsEA) del PNIEC y la que cuenta con la correspondiente declaración ambiental estratégica.
     
  5. Ampliación de la Red Natura 2000 en virtud de la Estrategia de Biodiversidad 2020-2030 de la Unión Europea (UE). La estrategia 2020-2030 exige, entre otras cuestiones, la protección de, al menos, el 30% de la superficie de la UE, especialmente, a través de la ampliación de la Red Natura 2000, completándose y asegurando que todas las aves (Directiva Aves), y otras especies y hábitats (Directiva Hábitats) tengan garantizada su protección frente al deterioro que sufren, ya sea por causas naturales y/o antrópicas. Además, la estrategia establece que cada país miembro debe aportar espacios protegidos con relación a su capital natural, siendo España el país miembro que aporta mayor riqueza biológica en el conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, eso significa que la exigencia es mayor para España. El aumento de la cobertura de la Red Natura 2000 debe centrarse en la carencia en la cobertura de determinados ambientes y ecosistemas que se encuentran claramente infrarrepresentados, como los ambientes esteparios.
     
  6. Aprobación urgente de los planes de conservación y gestión de especies en peligro y vulnerables, según exige la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y que cada Zona de Especial Conservación incluida en Red Natura contenga su correspondiente Plan de Conservación, según recomienda la Directiva 92/43/CEE de Hábitats. Se deben aprobar aquellos que están sin elaborar, deben incluir una consideración explícita de los efectos de las infraestructuras de producción de energía renovable, y su incorporación debe ser inmediata a la zonificación del MITECO como indicadores de máxima sensibilidad ambiental.
     
  7. Catalogación de todas las especies que cumplan con los criterios del RD 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y de la Resolución de 6 de marzo de 2017 sobre los Criterios Orientadores en cualquiera de las categorías del Catálogo (‘en peligro’ o ‘vulnerable’). En el caso de los catálogos autonómicos, deberán actualizarse los que tengan más de cinco años, en consonancia con el espíritu del Real Decreto 556/2011 para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Urge acelerar estos procesos, especialmente en el caso de las especies más sensibles a estas infraestructuras, de modo que cuenten con un nivel de protección legal y unas estrategias de gestión y conservación coherentes con su grado de amenaza.
     
  8. Mejora de los estudios de campo de los Estudios de Impacto Ambiental, así como de los trabajos de Vigilancia Ambiental posoperacionales acorde con el conocimiento científico más actualizado, y que deben estar sometidos a auditorías independientes y periódicas. Los estudios preoperacionales de fauna deben incluir metodologías específicas en función del proyecto, ámbito y especies potencialmente afectadas, no solo metodologías genéricas que no aportan información suficiente para valorar adecuadamente el impacto. Así mismo, deben realizarse una valoración de alternativas honestas, incluyendo la alternativa 0. También deben acometerse estudios realistas de los impactos acumulados de los proyectos en tramitación y la revisión en este sentido de los que ya han sido aprobados. Los seguimientos posoperaciones deben realizarse con mayor periodicidad y con una mejora de la metodología en la detección de mortalidad. Las medidas compensatorias solo deben realizarse en caso de impactos residuales, nunca en caso de impactos críticos y severos, tal y como establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
     
  9. Debe garantizarse la independencia en las fases de la evaluación de impacto ambiental que dependan de los promotores (Estudio de impacto ambiental en la fase preoperacional y Plan de vigilancia ambiental en la posoperacional).
     
  10. Establecimiento de medidas para evitar el fraccionamiento ilegal de proyectos en virtud de lo establecido por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. La fragmentación es una práctica habitual para sortear las evaluaciones ambientales de proyectos de más de 50 MW por parte de la Administración central y para evitar la evaluación del impacto global del proyecto.
     
  11. Aplicación urgente de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental para implementar mecanismos efectivos para la paralización o desmantelamiento de parques eólicos a partir de criterios claros y cuantificables de mortalidad. En este sentido, debe ser de obligado cumplimiento el protocolo de parada de aerogeneradores elaborado por el MITECO y que actualmente solo se refleja en alguna Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los nuevos proyectos.
     
  12. Los datos de mortalidad de aves y mamíferos de las industrias eólicas y fotovoltaicas deben ser públicos y estar a disposición de la ciudadanía en la sede electrónica de las administraciones competentes.
     
  13. Transposición completa de las Directivas Europeas de Energía Limpia, conocidas como “Paquete de Invierno”. Estas Directivas obligan al desarrollo de un modelo energético que prime el ahorro y eficiencia energéticos y el autoconsumo de renovables en un modelo distribuido, y que regule la capacidad máxima de producción, así como al establecimiento de criterios sostenibles de utilización. Además, incluye la obligatoriedad de incluir la integración de las energías renovables en la ordenación y la planificación del territorio.

[Firmas]

Fuente Original: https://aliente.org/posicionamiento-sobre-biodiversidad