TeleSur, 23 de julio de 2018

El borrador cero de un “instrumento vinculante” para regular a las empresas transnacionales con respecto al derecho internacional de los derechos humanos ha sido calificado como insuficiente por los críticos.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC por sus siglas en inglés) ha publicado el borrador cero de un “instrumento vinculante” para regular las empresas transnacionales en lo que respecta al derecho internacional y los derechos humanos. Sin embargo, un examen del borrador revela que es una herramienta deficiente para la responsabilidad corporativa.

En junio de 2014, mediante la resolución 26/9, los Estados miembros de la CDH liderados por Ecuador y Sudáfrica establecieron un Grupo de Trabajo Intergubernamental (IWG, por sus siglas en inglés) sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales para los derechos humanos.

El esfuerzo surgió del reconocimiento de que las corporaciones transnacionales se han convertido en uno de los mayores perpetradores de violaciones de derechos humanos en su búsqueda de ganancias. En todo el mundo, los líderes sociales que se oponen a los megaproyectos y las industrias extractivas son encontrados muertos o son amenazados por actores transnacionales, a menudo con la complicidad de las fuerzas del Estado.

Hace dos años, Friends of the Earth, una red medioambiental de base que reúne a 75 grupos nacionales y 5,000 activistas locales, explicó por qué se necesitaba un instrumento tan vinculante: “Muchas corporaciones transnacionales son más ricas y poderosas que los estados que intentan regularlas. Con demasiada frecuencia, las grandes empresas capturan los espacios de toma de decisiones políticas “.

El Proyecto Cero establece que los Estados partes en la Convención serán responsables de evitar que las víctimas sean “obligadas a reembolsar los gastos legales de la otra parte de la reclamación” y de que la incapacidad de cubrir los costos administrativos y de otro tipo no se convierta en una barrera para denunciar violaciones, obligando a los Estados a “ayudar a las víctimas a superar esas barreras, incluso mediante la exención de los costos cuando sea necesario”.

Sin embargo, el tan esperado borrador no logra innovar el estado actual de las cosas al colocar la carga de la implementación en los Estados, que pueden quedar atrapados en dos situaciones: o tienen menos poder que la corporación que buscan regular o responsabilizar (por ejemplo, Ecuador y la lucha por la justicia contra el gigante petrolero estadounidense Chevron / Texaco), o son cómplices de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por estas compañías (por ejemplo, el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres tras lograr que la compañía china Sinohydro abandone el proyecto para construir una represa hidroeléctrica).

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En lugar de establecer el “tribunal internacional de derechos humanos al que las personas afectadas pueden acudir si sus tribunales nacionales no brindan acceso a la justicia”, tras una demanda de las organizaciones de base, el borrador propone la creación de un comité de 12 miembros formado por expertos que tienen el poder de hacer comentarios generales, proporcionar recomendaciones, apoyar estados en la implementación y redactar informes anuales.

Las llamadas a un mecanismo legal para prevenir abusos corporativos contra los derechos humanos se han repetido desde el discurso del ex presidente chileno Salvador Allende en la Asamblea General de la ONU en 1972, en el que advirtió sobre los posibles enfrentamientos entre corporaciones transnacionales y Estados.

“Las grandes empresas transnacionales no sólo amenazan los intereses genuinos de los países en desarrollo, pero su acción abrumadora e incontrolada también ocurre en los países industrializados donde se basan”, dijo Allende un año antes de ser asesinado por una facción traidora del ejército chileno.

Se espera un debate adicional sobre el borrador para octubre. Sin embargo, sin modificaciones para abordar la debilidad y, en algunos casos, la complicidad del Estado en violaciones de los derechos humanos, la Convención no será más que un gesto simbólico sin consecuencias reales para la lucha por la responsabilidad corporativa.

Puede revisar el borrador del Proyecto de Convención acá: Instrumento Legalmente Vinculante para regular a las Empresas Transnacionales

 

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