Página Siete, La Paz, 3 de julio de 2018

Para llevar a Bolivia al CIADI, el empresario boliviano presentó un acta falsa, que le valió dos años de cárcel. Aun así, como demandante ganó el arbitraje.

David Moscoso Ruiz, empresario boliviano dueño del 49% de las acciones de la sociedad Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax, que llevó a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI) a Bolivia, luego de presentar un documento falso de la constitución de su empresa y haber confesado ese delito, recibió del Estado 20,8 millones de dólares de compensación por haber ganado el proceso.

Después de que el CIADI falló en contra de Bolivia el 15 de septiembre de 2015, y rechazó su recurso de anulación, para ratificar el laudo el 18 de mayo pasado, Bolivia negoció pagar un monto de 42,6 millones de dólares.

Moscoso, propietario de  NMM, será uno de los demandantes más beneficiados con el laudo, ya que el dinero que recibió por la compensación del Estado será proporcional a las acciones que tiene.

El empresario de Non Metallic Minerals falsificó un acta de constitución de su compañía, del 11 de septiembre de 2001, por otra acta del 13 de septiembre de 2001, que a la postre fue usada para iniciar el arbitraje contra Bolivia ante el CIADI.

El fraude, al ser detectado, le valió a Moscoso un proceso penal por el cual fue condenado a dos años de cárcel, pero se sometió al perdón judicial después de haber confesado su responsabilidad en la falsificación.

Al respecto, el expresidente Carlos Mesa publicó en su blog el documento Quiborax. El Gobierno al desnudo, en el que explica “la forma autoritaria e irresponsable como funciona el Gobierno del presidente Morales” respecto al arbitraje internacional.

En el punto ocho de dicho documento, el exmandatario señala: “De acuerdo a la fraudulenta composición de NMM, ¡el falsificador confeso David Moscoso es dueño del 49% de sus acciones, por lo que recibirá 20,8 millones de dólares del Estado que lo condenó a dos años de cárcel” por cometer ese delito.

Sobre este tema, en entrevista con Página Siete, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, aseguró que el arreglo al que se llegó en 2016 para pagar a los demandantes 27 millones de dólares se truncó por la oposición que presentó Moscoso.

“Ya se tenían avanzadas las negociaciones y el 19 de diciembre del año 2016 el socio minoritario de Quiborax,  en Non Metallic Minerals, el señor David Moscoso, manda una nota a la Procuraduría General del Estado  que dice que cualquier tipo de compensación que se vaya a pagar tiene que ser con Non Metallic Minerals. Frente a eso y existiendo un procedimiento de anulación en curso, era difícil pues llegar a un arreglo con la empresa chilena, teniendo esa objeción por parte del socio boliviano”.

Asimismo, Menacho acotó que las actas falsas fueron presentadas por la defensa ante el CIADI, “pero ahí ha primado más la visión de protección de inversiones del tribunal arbitral”.

Proceso en el CIADI 

  • Arbitraje   La controversia con Quiborax surgió en julio de 2004, a raíz de la revocatoria de concesiones mineras a la empresa chilena durante el gobierno del expresidente Carlos  Mesa, entre octubre de 2003 y junio de 2005.
  • Fallo  El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dispuso el 18 de mayo de este año un pago de 57 millones de dólares en favor de Quiborax, por la anulación de sus operaciones en el Salar de Uyuni.
  • Acuerdo  En junio, Bolivia suscribió una transacción final con las demandantes Quiborax  y Non Metallic Minerals,  por 42,6 millones de dólares, luego de que ambas empresas renunciaron al 20%  del monto neto de la indemnización.

Pago-Minera-Chilena

La oposición cuestiona la defensa que se hizo del Estado

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos difundió ayer un documento con siete preguntas, relacionadas al caso Quiborax, para la interpelación que se realizará  mañana, a las 8:00,   a los ministros de Minería, César Navarro, y de Justicia, Héctor Arce.

“Sólo respondiendo sí o no el pueblo va a poder valorar si es que se ha defendido a la patria o lamentablemente hemos tenido una pésima  defensa”, manifestó Barrientos.

Las autoridades serán interrogadas sobre el caso Quiborax, que  le costó al país el pago de una indemnización de 42,6 millones de dólares que dictó el CIADI.

 Las siete preguntas son: 1. ¿El arbitraje se inició con un acta falsificada por los socios de Quiborax? 2. En 2008, ¿hubo un preacuerdo con Quiborax por tres millones de dólares? 3. En 2016, ¿hubo otro preacuerdo con Quiborax por 27 millones de dólares? 4. En 2018, ¿se pagó 42,6 millones de dólares a Quiborax?

A estas preguntas se suman:  5. En 2016, ¿se filtró a Quiborax información confidencial de la Procuraduría? 6. ¿Jamás se procesó penalmente a la subprocuradora que filtró información? y 7. El acuerdo con Quiborax, ¿culminó con un apretón de manos a quienes se pagó 42,6 millones de dólares?

Barrientos dijo que estas preguntas no fueron incluidas en  el pliego interpelatorio que los ministros deberán responder mañana, y criticó que la  sesión ordinaria para definir las preguntas haya sido “entre masistas”.

“Dos diputados del MAS preguntarán a dos ministros del mismo partido y al final se responderán, se aplaudirán, levantarán la mano y   utilizarán este escenario para lavarse las manos”, reclamó el diputado.

El Presidente deja el caso Quiborax “en manos de la justicia”

El presidente Evo Morales manifestó ayer que deja el caso Quiborax “en manos de la justicia”, al  referirse a la  interpelación que se realizará mañana a los ministros de Minería y Metalurgia, César Navarro, y de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.

“Yo quiero dejar eso en manos de la justicia, tengo información que hay una interpelación. Aclararán los temas importantes, no quiero entrar a detalle”, afirmó el presidente Morales.

La autoridad agregó  que por razones de seguridad del Estado, algunos temas deberían ser tratados con mayor responsabilidad.

“Por una cuestión de Estado algunos temas deberían manejarse con responsabilidad, así como en una reunión les pedía en el tema del mar, algunos va a ser de manera pública, pero algunos por una cuestión de Estado, por seguridad del Estado no se va a manejar de manera pública”, indicó el mandatario.

Por instrucciones del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, se convocó a  senadores y diputados a la instalación de la novena sesión ordinaria de la Asamblea, que mañana comenzará a las 8:00 en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, se lee en  la agenda legislativa.

Las autoridades serán interrogadas sobre el arbitraje del caso Quiborax, por el que Bolivia sufrió un fallo adverso, que le obligó a pagar 42,6 millones de dólares en favor de esa compañía chilena y Non Metallic Minerals.

En respuesta al laudo en contra, el Gobierno apuntó al expresidente Carlos Mesa como responsable del caso, quien  negó la denuncia en su contra al enumerar varias presuntas irregularidades en la defensa.

Mesa presentó una demanda penal contra el   exprocurador y actual ministro de Justicia, Héctor Arce;  la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi; al actual procurador general, Pablo Menacho, y al ministro de Minería, César Navarro, por  los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El expresidente  denunció que estas cuatro personas cometieron delitos al dejar que el Estado pague 42,6 millones de dólares a pesar de haber llegado a un acuerdo con Quiborax para el pago de sólo tres millones.

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